Marisa Castelo, Abogada

mcastelo@legalarte.es

© Legalarte, 2006.

¿LA COMPRA EN EL TOP-MANTA CONSTITUYE UN DELITO DE RECEPTACIÓN?

La respuesta de los Poderes Públicos a la lógica y clamorosa protesta de los múltiples sectores afectados por la masiva defraudación de derechos de propiedad intelectual imperante en los últimos años ha sido, básicamente, desde la Unión Europea la Directiva 48/2004/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (incorporada al derecho español por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios), norma eminentemente procesal. En cuanto a España, el Gobierno aprobó en abril de 2005 un “Plan Antipiratería”, ambicioso y un tanto etéreo proyecto interministerial, centrado fundamentalmente en un incremento en la dotación de medios policiales, y cuya valoración no es objeto de estas líneas, por lo que dejamos únicamente apuntado que su utilidad ha sido más que dudosa.


Aunque cualquier medida es de agradecer, no podemos dejar de preguntarnos si se están utilizando todos los frentes de combate posibles, y ello, básicamente porque las cifras hablan por sí solas: la defraudación no disminuye, sino todo lo contrario. La respuesta debe ser negativa, por lo que se debe pensar en que tal vez el enfoque que se está dando no es el correcto.


En efecto, en la actualidad los sujetos perseguidos son únicamente quienes desde un punto de vista material proceden a la reproducción y distribución no autorizadas, sin tener en cuenta a los millones de personas que en España adquieren dichos productos ilegales y sin cuyo concurso la piratería no tendría razón de ser. Quiero creer que somos un Pueblo solidario que mira con simpatía a los vendedores, en su inmensa mayoría personas amables y sonrientes, que vienen huyendo del hambre en sus países y que a su vez son explotados vendiendo copias falsas por la calle de sol a sol. Efectivamente, resulta duro arremeter contra la agradable mujer china que entra en cualquier bar a cualquier hora para ofrecernos los últimos estrenos de la cartelera cinematográfica con una sonrisa, y, sobre todo, resulta inútil, porque la cadena no se puede romper por su eslabón final. Pero ¿cabe decir lo mismo del parroquiano que, entre caña y caña de cerveza, aprovecha para llevarse a casa el último estreno de Cine (o incluso el próximo anunciado, aun sin estrenar)? Evidentemente, creemos que esta conducta no es tolerable y no se entiende muy bien por qué nadie ha hecho el suficiente hincapié en ello. La única campaña que hemos podido ver en este sentido es el clip añadido en muchos de las películas en alquiler y en compra, y nos parece mínimo y enfocado a las descargas ilegales mediante sistemas de archivos compartidos peer to peer, lo que constituye una conducta penalmente distinta a la que nos ocupa.


Después de las campañas de concienciación que están llevando a cabo los perjudicados, no puede quedar la más mínima duda de que la totalidad de los ciudadanos que estén en posesión de sus facultades mentales saben perfectamente que cuando adquieren un CD o un DVD en el llamado Top-manta, están comprando un producto ilegal, cuyos fabricantes y distribuidores son perseguidos por la Ley, pero… ¿Saben que es este propio conocimiento el que a su vez los convierte en autores materiales de un delito autónomo de receptación y que como tales delincuentes pueden ser detenidos en flagrante delito, puestos a disposición judicial e imputados en un procedimiento penal?


Después de examinar el Art. 298 del vigente Código Penal, parece que no queda duda alguna de que la actuación del comprador del Top-manta es constitutiva de delito: el párrafo 1º, Art. 298, recoge el tipo básico del delito de receptación en los siguientes términos:

El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”.


El fundamento del delito de receptación se encuentra en que la actividad del receptador promueve la comisión de delitos que no se producirían si el autor del delito principal no tuviera la seguridad de poder obtener el provecho económico que le garantiza dicho agente. En una palabra, sin la actuación del receptador, los autores de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico no podrían en la mayoría de los casos obtener provecho de la comisión de dichos delitos. Esto, que podría resultar discutible en los casos en que el beneficio obtenido del delito pudiera redundar en provecho del propio delincuente (p.ej.: en caso de objetos robados cuya utilidad pudiera redundar en beneficio del criminal), parece que no es de recibo en el caso de la venta de soportes, ya que nadie fabricaría miles de miles de discos para su propio uso.


Parece que no hacen falta más explicaciones acerca del ánimo de lucro que indudablemente mueve a quien compra en la calle un bien que en el comercio cuesta entre cuatro y ocho veces más de lo que paga, y que viene a ser precisamente la razón de que compre un objeto cuyo origen ilegal conoce sobradamente. Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que repetidamente se intente poner en tela de juicio por algunos sectores el ánimo de lucro, lo que sería un buen tema para tratar en otra ocasión.


Los restantes requisitos del tipo penal se cumplen igualmente: se trata de un sujeto que no ha intervenido en la comisión del delito de que trae causa el que él está cometiendo, y “adquiere” los efectos provenientes de dicho delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, entre los cuales, (Capítulo XI, Título XIII, Libro II del Código Penal, se encuentra la defraudación de derechos de propiedad intelectual (e industrial) en todas sus formas.


Siendo la Ley tan clara, surge la pregunta de nuevo: ¿Cómo es posible que se haga ojos ciegos a la comisión diaria en nuestras calles de miles de delitos?

¿Acaso de debe a que se considere a estas personas “honrados” ciudadanos y probos consumidores ejerciendo su derecho a la adquisición de bienes en libre competencia en detrimento de los “perversos delincuentes”, en su mayoría inmigrantes que fabrican y venden las copias piratas?


Seamos claros: ni siquiera en una sociedad tan cínica como la que nos ha tocado en suerte en este tercer milenio se puede afirmar esto. Más bien puede suceder que resulte “políticamente incorrecto” y pueda pasar factura electoral empezar a detener votantes encorbatados. Realmente puede ser chocante la escena de unos niños viendo a su mamá entrar en un furgón policial con el CD “Me siento viva” de Rosa de España, por ejemplo, asomando del bolso.

Seamos más claros todavía: ¿O es más bien que como todos hacemos lo mismo nadie está en condiciones de tirar la primera piedra? En este caso, la posición más coherente sería la de despenalizar la conducta, continuando la labor legislativa de adaptación de la norma jurídica a la realidad social.


Mientras esto no suceda, cada vez que una persona adquiere un soporte “pirata” está cometiendo un delito de receptación penado con prisión de entre seis meses y dos años, y conviene que nadie lo desconozca.

Dejar un comentario